El gobierno, que ha recibido advertencias de varios organismos internacionales por el problema de la precariedad (entre ellos el FMI y la OCDE), defiende firmemente la reforma.
Los empresarios contratan más fácilmente, pero los salarios son bajos y los contratos temporales numerosísimos. Con la ‘flexiseguridad’, España ha reducido el desempleo, aunque a cambio de una gran precariedad.
Sin la reforma laboral de 2012, «no nos habríamos atrevido a crecer tan rápidamente», señala Juan Martínez, gerente de un concesionario de coches Kia en el norte de Madrid.
La reforma, impulsada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy tras la destrucción de 2,6 millones de empleos en cuatro años de crisis, redujo drásticamente las indemnizaciones en caso de despido, tanto abusivo como procedente.
Igualmente, permite despidos colectivos sin motivo económico.
Así las cosas, en tanto que empresario «tienes menos obligaciones y te permites tener menos hipotecas en un futuro próximo que con la situación antigua», afirma Martínez.
En su sector, un tercio de los empleos se esfumó con la caída de las ventas de automóviles a partir de 2008. Para la federación de concesionarios, la reforma laboral fue capital a la hora de recuperar empleo.
Juan Martínez abrió su local en 2014, en el que contrató a varios ex compañeros, despedidos al igual que él cuando quebró la empresa en la que trabajaban.
En total, contrató a unas 30 personas, un tercio de ellas gracias a una de las medidas estrella de la reforma laboral: un contrato indefinido, dotado de un período de prueba de un año.
Los que entraron de esta forma en su empresa fueron finalmente contratados como indefinidos, gracias al aumento de las ventas de vehículos al calor de la recuperación de la economía española, que creció un 3,2% en 2016.
Sin embargo, no es así en toda España. Según un informe del sindicato UGT, la mitad de estos contratos indefinidos concluye al término del período de prueba.
Además, la aparición de este tipo de contrato indefinido no ha hecho recular la temporalidad, en un país que ostenta el récord de la Unión Europea con más de un 25% de contratos temporales.
Francisco Álvarez, vendedor en un concesionario de Peugeot en el mismo barrio de Madrid, sabe que deberá sumar al menos cuatro contratos temporales de tres meses antes de que le propongan un contrato estable.
Aunque tampoco ve esto como la panacea, porque como añade con fatalismo este hombre de 42 años, «el contrato indefinido es papel mojado», y «si la empresa quiere prescindir de ti, te echan con un coste bajo».
El gobierno de Rajoy no deja de presumir de la caída del desempleo, que tras alcanzar el 27% a comienzos de 2013 bajó al 18,7% en el primer trimestre de este año.
Manuel Lago, economista en el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), denuncia que contrariamente a la ‘flexiseguridad’ propugnada por la ley, el gobierno sólo se ha ocupado de garantizar la flexibilidad, dejando de lado la seguridad del empleo.
Argumentando la necesidad de reducir el déficit fiscal, el gobierno «hizo más difícil el acceso a las prestaciones» por desempleo, y las redujo, explica Manuel Lago.
En consecuencia, el gasto del Estado en prestaciones pasó de 33.000 millones de euros en 2010 a 19.000 millones en 2016, una caída debida sólo en parte a la reducción del desempleo, puntualiza.
Por otro lado, los sindicatos afirman que la reforma ha provocado una caída de los salarios, al anteponer la negociación interna de las empresas a los convenios colectivos.
José Gómez, un joven de 27 años despedido en 2012, encontró al cabo de dos años y medio un puesto de mecánico en un taller de reparación de una gran marca de coches.
Pero su salario ha pasado de 1.500 euros mensuales a 900, con una hora más de trabajo al día.
De esta forma, explica, «lo que ganamos los dos hoy (junto con su mujer), es lo que ganaba yo antes».
En la hostelería, muchos establecimientos contratan a sus limpiadoras a través de subcontratas, que a veces les pagan un 40% menos, porque no están obligadas a respetar los sueldos estipulados en la convención colectiva del sector.
El gobierno, que ha recibido advertencias de varios organismos internacionales por el problema de la precariedad (entre ellos el FMI y la OCDE), defiende firmemente la reforma, aunque en su último proyecto de presupuestos generales ha incluido algunas medidas en favor de los desempleados.
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