$1.800 millones es la suma que deberá pagar la Procuraduría por el fallo que tumbó el Consejo de Estado, que le había quitado los derechos políticos en 2010 a la hoy precandidata presidencial, Piedad Córdoba, estos dineros según informo la líder de izquierda, serán destinados a un patrimonio autónomo para las mujeres.
Así lo hizo saber Córdoba quien, a través de su página web, manifestó que su propuesta consiste en destinar esos recursos para iniciativas de mujeres emprendedoras, madres cabeza de familia, artistas, indígenas y deportistas “para generar una serie de microcréditos que les permitan realizar proyectos”.
Según la exsenadora, el pago de los $1.800 millones “jamás serán suficientes para reparar el daño tan grande que se me hizo (la sanción) en lo político, en lo social y frente a la imagen que se desvirtuó de mí”. Córdoba sostiene que la compensación económica no la repara absolutamente en nada.
La sentencia del Consejo de Estado asegura que Piedad Córdoba “no cometió ninguna falta disciplinaria” cuando fue destituida e inhabilitada por 18 años por el Ministerio Público. Además, argumenta que no se puede concluir alguna relación delictiva de la entonces senadora liberal con las Farc –hoy convertida en partido político.
El fallo de la Procuraduría, de 141 páginas y proferido el 27 de septiembre de 2010, le declaró la muerte política a Córdoba. Seis años después, la decisión se suspendió al ser catalogada como una vulneración al debido proceso porque, entre otras cosas, no había garantía de que los archivos que utilizó como prueba el exprocurador, Alejandro Ordóñez, fueran verídicos. (Lea: Consejo de Estado reintegró a la vida política a Piedad Córdoba)
Asimismo, la sentencia del alto tribunal, revelada el 9 de agosto de 2016, plantea que las evidencias no eran correos electrónicos de la legisladora, sino archivos de Word “que fácilmente pudieron modificarse”.
