Los municipios de Ontario conocerán en las próximas semanas los lugares donde el gobierno quiere ubicar las primeras tiendas de cannabis administradas por las provincias, una vez que se legalice el consumo de la hierba de manera recreativa, que está programada para el verano del próximo año.
En una carta enviada a los diferentes municipios, el ministro de Finanzas Charles Sousa dijo que las tiendas de de cannabis de ontario apunta a lograr la distribución geográfica correcta en toda la provincia y reducir el número de dispensarios de marihuana ilegales que se han abierto desde que el gobierno federal anunció sus planes para legalizar la marihuana .
Sousa dijo que una subsidiaria de Liquor Control Board of Ontario administrará las tiendas y que la propia agencia supervisará el proceso de planificación para establecer sus ubicaciones.
«Nuestro enfoque propuesto es aprovechar la experiencia alcanzada con el LCBO para establecer lo que se denomina en ingles una Crown Corporation», dijo Sousa en la carta enviada a los municipios. «Nuestra prioridad es reducir el mercado ilegal al aprovechar nuestras fortalezas para crear un sistema eficiente y seguro para las personas en toda la provincia».
Sousa dijo que la LCBO notificará a los municipios sobre los lugares propuestos para la venta de cannabis en las próximas semanas y que trabajará con los funcionarios de cada comunidad para abordar cualquier inquietud.
También se notificará al público sobre las ubicaciones de las tiendas propuestas y se le pedirá que brinde sus comentarios directamente al LCBO, dijo.
Ninguna de las tiendas minoristas estará ubicada cerca de las escuelas, dijo Sousa.
«A medida que establecemos un nuevo sistema legal minorista para el cannabis, es fundamental que lo hagamos con los objetivos de proteger a nuestros jóvenes y abordar el mercado ilegal», dijo.
El gobierno federal introdujo una legislación en abril con el objetivo de legalizar y regular el uso recreativo de la hierba para el 1 de julio de 2018, pero dejó a las provincias individuales el diseño de su propio sistema de distribución y regulaciones de uso.
Ontario fue la primera provincia en anunciar un plan detallado para vender y distribuir marihuana recreativa y estableció que los 19 años, es la edad legal para comprarla.
La provincia planea establecer aproximadamente 150 tiendas de cannabis independientes para 2020. La primera ola de 40 tiendas se abrirá en 2018 para luego ir abriendo otras hasta llegar a contar con 80 tiendas en julio de 2019.
El consumo de hierba legal no se permitirá en espacios públicos o lugares de trabajo y debería limitarse a residencias privadas, ha dicho la provincia.
El fiscal general Yasir Naqvi ha dicho que el gobierno reprimirá los canales de distribución ilegal, que incluyen dispensarios que han surgido en los últimos meses anticipándose a una legalización generalizada.
«Los dispensarios de cannabis ilícitos no son legales ahora y no serán minoristas legales bajo el nuevo modelo», dijo Naqvi en septiembre. «Estos dispensarios de marihuana son ilegales y se cerrarán. Si opera una de estas instalaciones, considérese notificado».
A principios de este mes, el concejo de Toronto aprobó una resolución en la que afirmaba su apoyo a las tiendas de cannabis administradas por las provincias pero también pedía «orientación detallada y recursos y autoridades adecuados para hacer cumplir las reglamentaciones».
Un portavoz del alcalde de Toronto, John Tory, dijo que la ciudad quiere garantizar que la atención se centre en la seguridad del vecindario, la salud pública y garantizar que la ciudad no se vea «agobiada por los costos adicionales creados por estos cambios».
«(El alcalde Tory) ha enfatizado que no debería haber un número excesivo de estas tiendas y que deberían ubicarse de una manera que otorgue prioridad a la seguridad del vecindario», dijo Don Peat en un comunicado.
La presidenta de la Asociación de Municipios de Ontario, Lynn Dollin, dijo que los miembros de su grupo esperan más detalles de la provincia sobre cómo planea financiar medidas de cumplimiento que incluyen esfuerzos para cerrar las operaciones ilegales de las tiendas.
«Todavía queremos tener esa conversación con la provincia (sobre) las implicaciones de esta decisión y cómo afectará a las comunidades locales y qué recursos serán necesarios en el futuro para lidiar con esto», dijo.
Dollin dijo que cada comunidad también necesita ser consultada para garantizar que el crecimiento no se vea afectado o que no se arruinen las ubicaciones futuras de las escuelas.
«Lo que siempre intentamos decirle al gobierno es que un tamaño no sirve para todos», dijo. «Lo que funciona en Windsor podría no funcionar necesariamente en Bracebridge».
