Caracas, 10 dic (EFE).- La vista preliminar para conocer la acusación que pesa sobre el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y el ex candidato presidencial venezolano Manuel Rosales fueron diferidas hoy nuevamente sin que se conozcan las razones de la suspensión.
En el caso de Ledezma sus abogados denunciaron «que el caso que se le sigue a la Máxima Autoridad de Caracas se basa en un ‘montaje probatorio’ de la Fiscal del Ministerio Público con un sistema operativo que no estaba vigente para la fecha», informó la Alcaldía Metropolitana de Caracas en un comunicado.
La Alcaldía precisó en la misiva que la defensa de Ledezma desconoce la nueva fecha prevista para la nueva audiencia, que ya ha sido suspendida en nueve ocasiones.
«Las consecuencias de una justicia medianamente apegada a la Ley, es la nulidad del juicio, la reposición del mismo y la libertad plena no solamente de Antonio Ledezma sino también del resto de los acusados», dijo el abogado del burgomaestre, Omar Estacio, según se lee en el comunicado.
Ledezma fue detenido el pasado 19 de febrero por presunta conspiración contra el Gobierno y estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas, hasta que pasó a situación de arresto domiciliario el 30 de abril por encontrarse convaleciente de una intervención de una «hernia inguinal reproducida».
El alcalde es identificado con el ala radical de la oposición, liderada por Leopoldo López, y fue acusado por la Fiscalía el pasado 7 de abril de conspirar contra el Gobierno al apoyar a grupos que presuntamente «pretendían desestabilizar» con acciones violentas.
La causa contra Ledezma, según la Fiscalía, guarda relación con el caso de los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia en septiembre de 2014 por su presunta vinculación con «planes conspirativos» atribuidos al expresidente colombiano Álvaro Uribe.
El alcalde caraqueño es el tercer burgomaestre opositor que es detenido y acusado de delitos relacionados con acciones violentas o desestabilizadoras contra el Gobierno de Nicolás Maduro y que la oposición le considera un «preso político».
Por otra parte, a Rosales, cuya audiencia se difiere por segunda vez, tampoco se le fijó una fecha para la vista, informó el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), del que es líder el dirigente político.
El abogado de Rosales, Jesús Ollarves, señaló que «no hay ninguna motivación, no hay ninguna justificación para la suspensión de la audiencia preliminar, es una cuestión completamente injusta».
Rosales tiene un proceso abierto en su país desde 2008 por supuesto enriquecimiento ilícito entre 2002-2004, cuando ejercía su mandato como gobernador de Zulia.
El también ex candidato presidencial negó esa acusación, huyó del país siendo entonces alcalde de Maracaibo y se declaró como perseguido político del Gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), rival que le venció en las presidenciales de 2006.
El ex candidato presidencial, detenido en el aeropuerto el mismo día que llegó al país, permanece detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Rosales aseguró entonces que traía al país las pruebas de que es inocente de los cargos de corrupción de los que se le acusa.
