La reciente admisión de una demanda contra la Ley de Amnistía salvadoreña es vista como una puerta a la «esperanza» para las miles de víctimas del conflicto armado y ha abierto un debate político en el país.
La «esperanza» de conocer la «verdad, de justicia y reparación» para las víctimas de la guerra civil (1980-1992) ha resurgido después de que el pasado 20 de septiembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptara una demanda contra la Ley de Amnistía, promulgada en 1993.
Así lo manifestó a Efe Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (IDHUCA), una de las 20 organizaciones que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad el 20 de marzo pasado y que el miércoles pidieron apoyo internacional a esa acción.
Esta es la segunda ocasión en la que la Sala de lo Constitucional admite una demanda contra la Ley de Amnistía, que según activistas en defensa de los derechos humanos protege a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra.
El conflicto entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, hoy partido en el poder) causó cerca de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados.
En el año 2000, la Sala rechazó una primera demanda que había admitido, al resolver que la ley es constitucional, aunque dejó en manos de los jueces si la aplicaban o no en los casos de crímenes de lesa humanidad.
En esta ocasión, los demandantes tienen la fe puesta en que la Sala obre diferente y dictamine que la ley es inconstitucional.
«Esperamos que declare efectivamente la inconstitucionalidad de toda la Ley de Amnistía y que eso abra la posibilidad de que las víctimas busquen la reparación tanto simbólica como civil», explicó a Efe Roberto Rugamas, integrante del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), que respalda la demanda.
Cuéllar destacó que, de ser favorable la resolución, todo el pueblo salvadoreño saldría beneficiado porque, más que conocer la verdad de los casos simbólicos de la guerra, como el magnicidio del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero (1980) y la matanza de los seis sacerdotes jesuitas (1989), se podrá hacer justicia para la «gente anónima» y común.
Sin embargo, expresidentes, exguerrilleros y dirigentes políticos, entre otros, sostienen que la ley ayudó a reconciliar al pueblo salvadoreño después del conflicto armado y que anularla abrirá las heridas del pasado.
La ley «sirvió para la reunificación de la familia salvadoreña en aquella época y para que hubiera reconciliación», dijo recientemente a Efe el expresidente Alfredo Cristiani, en cuyo Gobierno (1989-1994) el Parlamento emitió esa normativa.
El exvicepresidente Enrique Borgo Bustamante declaró a los periodistas, por su parte, que «desempolvar» la ley «para venir a buscar culpables y procesarlos» lo único que provocaría es que el «acontecer histórico (…) condenaría» a los salvadoreños «por hacer eso».
«La amnistía es algo que debe de quedarse para que podamos seguir en el camino viendo hacia el futuro y no viendo al pasado», señaló el también exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt.
Fabio Castillo, exsecretario general del FMLN, dijo a la prensa que la Sala «debería de actuar pensando en el bien del país, en el futuro»; no se puede seguir «sacando cosas del pasado, y simplemente por esas y otras razones deberían ya de desestimar» la demanda.
El país tiene demasiados problemas, como «las maras» y la «polarización política, y en medio de esto meter una agenda de pasado no le ayuda al salvadoreño», señaló el exguerrillero y ahora analista político Joaquín Villalobos.
Si la Sala falla a favor de la demanda, para lo cual no hay un plazo definido, no significa que el país se vaya a convertir en un «caos» como algunos han señalado, argumentó a Efe Pedro Martínez, abogado del IDHUCA.
Mas bien, «una vez que se haya retirado este obstáculo (la amnistía) las víctimas pueden presentar su caso» ante cualquier tribunal del país para conocer «al fin la justicia», precisó.
Así, las víctimas podrán «hacer oír su voz, para que puedan ser escuchadas» y que las autoridades «investiguen, determinen responsabilidades y este país crezca sobre la base de la democracia», enfatizó.
Cuéllar destacó que, más que pretender que los principales violadores de derechos humanos vayan a la cárcel, lo que se persigue es conocer la verdad, que «de por sí es la mejor reparación que hay».
Magdalena Flores / San Salvador, 28 sep (EFE).-
