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Crímenes contra la prensa en México fuerzan a Peña Nieto a defenderse

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El gobernador del estado mexicano de Veracruz Javier Duarte, durante una rueda de prensa en Xalapa (México). EFE/Archivo
El gobernador del estado mexicano de Veracruz Javier Duarte, durante una rueda de prensa en Xalapa (México). EFE/Archivo

México, 18 ago (EFE).- Ante las críticas internacionales por el asesinato de un reportero mexicano presuntamente amenazado por las autoridades del estado de Veracruz, el Gobierno de Enrique Peña Nieto salió hoy a defender su gestión en ese asunto y refrendar su compromiso en favor de la libertad de expresión.

En respuesta a una dura carta escrita al mandatario por 400 intelectuales de todo el mundo, el Gobierno mexicano aseguró este martes que «colabora» en el esclarecimiento de los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (Interior), Roberto Campa reveló que ha recibido «instrucciones» del presidente «para seguir atendiendo personalmente este asunto» y condenó «categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos».

En un comunicado, Campa detalló que el compromiso de «Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días».

«Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista», defendió Campa al mandatario.

La carta, firmada por personalidades como Salman Rushdie, Paul Auster, Noah Chomsky, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Juan Villoro, denunció que los reporteros «viven en peligro mortal» en México, donde más de cien han sido asesinados desde el año 2000 y un 89 % de esos crímenes permanecen impunes.

Los firmantes exhortaron a Peña Nieto a «garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo» de estos crímenes y le pidieron una «investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados».

La gota que ha colmado el vaso es el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa el pasado 31 de julio junto con otras cuatro mujeres en un inmueble de Ciudad de México, donde vivía tras abandonar Veracruz.

En una comparecencia inédita ante la fiscalía capitalina, el gobernador de ese estado del Golfo de México, Javier Duarte, cercano a Peña Nieto, se deslindó la semana pasada de responsabilidades en ese crimen.

Además de Espinosa, perseguido por unas fotos exclusivas que tomó de una represión policial en la calle, otra de las víctimas, la activista Nadia Vera, responsabilizó en 2014 a Duarte de «cualquier cosa» que le «pudiera suceder».

Este martes Campa destacó que en la gestión de Peña Nieto (2012-2018) se ha aprobado el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, «con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de manera especial de Freedom House».

A día de hoy, el mecanismo protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas, detalló.

Un representante Freedom House en México, el consultor Jacobo Dayán, explicó hoy a Efe que en ese trabajo con el Gobierno cuentan con apoyo de expertos de Colombia por su experiencia en ese campo.

Sin embargo, lamentó que ese mecanismo, de índole federal (nacional), no sirva por ahora para resolver el problema y que haya muy pocas réplicas locales en los 32 estados mexicanos, y si las hay, que sean «muy nuevos y muy débiles».

Recordó que otra organización de defensa de la libertad de prensa, Artículo 19, propuso a Espinosa acercarse al mecanismo federal, pero éste rechazó la idea.

«No se acercó por falta de confianza, porque no hay confianza en el Gobierno en general», advirtió Dayán.

Asimismo, criticó el comunicado del Gobierno por parecer «una respuesta a la carta» de los intelectuales enviada desde el exterior y «no a la exigencia» que se plantea.

En su informe anual emitido este año, Freedom House situó a México con «la peor calificación de los últimos 10 años», como «país no libre», una condición «compartida con Ecuador, Venezuela y Cuba» en América Latina, agregó.

«En el caso de la violencia tenemos cifras que compiten con Afganistán e Irak», denunció.

Sin ir más lejos, las de este año, que ya son comparables a las del año anterior, entre 7 y 8 asesinatos, porque en un caso no está claro si el crimen fue por el ejercicio del periodismo.

México es de los pocos países del mundo que dispone de una web (www.periodistasenriesgo.com/) con un mapa de agresiones a los periodistas.

Buena parte de los casos de violencia contra la prensa en México tienen muchas aristas y no siempre queda totalmente claro el motivo directo de las muertes, aunque en general sí el trasfondo.

La mayoría apuntan a represalias de las mafias criminales o de autoridades corruptas.

En otros hay indicios de vínculos entre los periodistas y las mafias criminales, sea por sus inclinaciones personales o porque no les queda más opción ante la famosa advertencia de «plata o plomo».

 

 

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