Washington, 6 nov (EFE).- El exjefe paramilitar colombiano Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», fue condenado hoy a 16 años y medio de cárcel y al pago de una multa de 25.000 dólares en una corte federal de Washington, siete años y medio después de su extradición a Estados Unidos.
La Fiscalía había pedido 30 años de cárcel para «Jorge 40», pero el juez Reggie B. Walton decidió una pena menor tras considerar que el acusado no era responsable directo de la fabricación de cocaína, pero sí de cobrar «impuestos de guerra» a los que cultivaban la droga, la procesaban en laboratorios y transportaban a EE.UU.
No obstante, el exlíder del bloque norte de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), solo permanecerá en prisión cinco años porque el magistrado determinó que se tendrá en cuenta el tiempo que ya ha permanecido encarcelado en Colombia y EE.UU.
«No me tomo a la ligera lo que hizo, incluso si usted considera que su conducta fue la apropiada para luchar por la libertad de su país», consideró B. Walton, que recriminó a Tovar Pupo haber supervisado la entrada a EE.UU. de cocaína, una droga que ha marcado la vida de estadounidenses «inocentes», según dijo el juez.
La sanción de 25.000 dólares es menor a la multa de un millón de dólares que el Gobierno de EE.UU. pedía para Tovar Pupo, que después de cumplir su tiempo en prisión deberá permanecer cinco años en libertad vigilada.
Durante la audiencia, en su primera aparición pública desde su extradición a EE.UU., en mayo de 2008, Tovar Pupo se reivindicó como un patriota, no como un narcotraficante, admitió haber cobrado los «impuestos de guerra» a los que cultivaban cocaína, pero lo englobó en la defensa por la «libertad» de los paramilitares.
«Comparezco hoy ante ustedes como un prisionero político y como un hombre inocente», dijo Tovar Pupo, que durante casi tres horas defendió la actividad de las extintas AUC con referencias a los «padres» fundadores de EE.UU., como Thomas Jefferson, y filósofos como el francés Voltaire y el inglés Thomas Hobbes.
No obstante, Tovar Pupo, con un traje de presidiario anaranjado de una sola pieza, pidió perdón a sus víctimas en Colombia.
«Sueño con la oportunidad de poder hablar a mi país sobre toda la verdad que conozco y decir a las personas que les causamos dolor por la guerra: cuánto lo siento», dijo durante sus alegatos finales.
«Cuánto lo siento y cuánto estoy dispuesto a luchar a su lado para encontrar el perdón y la reconciliación en aras a un futuro mejor en el que las nuevas generaciones nunca tengan que experimentar lo que experimentó nuestra generación», añadió el paramilitar.
Durante el proceso judicial, el Gobierno de EE.UU. responsabilizó a Tovar Pupo del envío a ese país de una «extraordinaria» cantidad de cocaína, que cifra en al menos 1.500 kilogramos entre 2002 y 2005 y cuyo cultivo, producción y tráfico supervisaba al haber dirigido las actividades de las AUC en el noreste del país.
«Puede que no tuviera en sus manos la cocaína, pero era responsable de lo que ocurría», defendió hoy el fiscal Paul Laymon.
En este sentido, el Gobierno defendió que Tovar Pupo llegó a tener a sus órdenes a un máximo de 5.000 «soldados», que custodiaban los laboratorios de cocaína y controlaban los puertos de la costa norte de Colombia, desde donde la droga era enviada hasta Centroamérica, el Caribe y México para luego acabar en EE.UU.
El escenario de la sentencia fue la Corte del Distrito de Columbia, que el pasado junio condenó a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico a Salvatore Mancuso, alias «El Mono», el dirigente de más alto rango extraditado a EE.UU. de las extintas AUC.
Tovar Pupo y Mancuso son dos de los 14 exjefes paramilitares que en mayo de 2008 fueron extraditados a EE.UU. en aviones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) por orden del entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010).
En ese momento, el Gobierno de Uribe alegó que los extraditados habían incumplido los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, al haber seguido delinquiendo desde la prisión y, por tanto, no merecían los beneficios de esa medida, que contempla penas de un máximo de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
Precisamente, el pasado 19 de agosto, el paramilitar fue privado de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz por no colaborar para esclarecer crímenes del conflicto armado, según dictaminó la Corte Suprema de Justicia de Colombia al ratificar la sentencia de un tribunal inferior.
Durante sus años de encarcelamiento en EE.UU., en Colombia continuaron los procesos judiciales y las condenas, como la pena de 26 años de cárcel que le dicto en 2011 la Justicia colombiana por una veintena de homicidios o los 47 años de prisión a los que fue condenado en 2010 por una masacre en la que murieron 40 personas.
