Foto: Archivo AFP
Polonia y Hungría no han acogido un solo refugiado desde el estallido de la crisis migratoria.
Liderados por gobiernos ultranacionalistas, esos dos países se niegan a admitir inmigrantes por las más diversas razones, incluidas las religiosas.
Bruselas les ha abierto ya expediente sancionador; Alemania y otros países amenazan con presionar para recortar los fondos estructurales y de cohesión si no cambian sus políticas.
La Comisión Europea acaba de poner rumbo hacia ese puerto: el brazo ejecutivo de la UE plantea, en un jugoso informe de 33 páginas, el futuro del presupuesto de la UE en el 2025, reformar la política de cohesión (cuyos destinatarios son precisamente los del este) para incluir nuevos criterios en el reparto.
Los fondos europeos han sido uno de los instrumentos usados durante décadas para fomentar la convergencia entre los países ricos y los pobres; España se benefició mucho de esa política.
En los próximos presupuestos, si esa idea termina calando, el reparto estará ligado “a la protección de fronteras, la evolución de la población y la respuesta a la presión migratoria y de refugiados”, según un borrador.
Bruselas publicó en marzo el ‘Libro blanco sobre el futuro de Europa’, y posteriormente ha ido sumando documentos de reflexión sobre globalización, Europa social, la defensa y el euro, a los que en una semana se sumará el de perspectivas financieras.
Frente al 25 por ciento de los Estados Unidos, el presupuesto de la Unión Europeo asciende a un magro 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) –en torno a un billón de euros en siete años, unos 150.000 millones anuales–, una cifra que ha ido menguando.
Y en la próxima negociación se enfrenta al escollo del brexit: menos gasto –el Reino Unido es la segunda economía de la Unión Europea– o un alza de las aportaciones de los acreedores, que rechazan de plano esa posibilidad.
Bruselas quiere aprovechar para repensar todo el conjunto, con políticas europeas “en áreas reservadas ahora a los Estados, como seguridad y defensa”, así como la lucha contra el cambio climático y la potenciación de infraestructuras europeas o de la I+D.
Agricultura y cohesión se llevan ahora tres cuartas partes del gasto.
La Comisión plantea cinco escenarios, pero en la mayoría esos dos capítulos pierden peso en favor de otras prioridades, como la posibilidad de crear una Reserva de crisis para dar una respuesta europea en caso de dificultades económicas o de cualquier otro tipo.
Impuestos europeos
El documento plantea fijar las perspectivas para cinco años, en lugar de siete, y da más flexibilidad para poder acometer gastos en caso de crisis.
Quiere hacer más con menos: usar ingeniería financiera, como ha hecho con el Plan Juncker de inversiones, para hacer una suerte de multiplicación de los panes y los peces presupuestaria.
En agricultura, pretende instaurar la cofinanciación y pagar menos a los terratenientes; en cohesión, vincular los fondos a la acogida de inmigrantes sería una especie de revolución que provocará urticaria en los países que reciben fondos.
Las fuentes consultadas explican que Bruselas baraja establecer incentivos negativos (castigar a los países que no acojan inmigrantes) o fijar incentivos positivos: dar más fondos a los socios que más acojan.
Queda por ver el encaje legal de esa jugada y, ante todo, la batalla política entre los acreedores y los grandes receptores de fondos.
El borrador contiene un buen puñado de ideas alemanas, como vincular también los fondos a la puesta en marcha de reformas.
Y deja claro que Bruselas quiere más autonomía financiera: que el presupuesto europeo se financie a través de impuestos sobre la energía, el IVA, sociedades o la tasa Tobin, pese a que esas propuestas han tenido siempre un rechazo categórico en las capitales.
CLAUDI PÉREZ
Ediciones EL PAÍS, SL 2017.
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